Panamá está en la lista negra del Comité del Patrimonio Mundial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), debido al mal estado de los fuertes de San Lorenzo y Portobelo en la provincia de Colón. Después de una inspección llevada a cabo en el 2012, esta organización clasificó a estos sitios como “en peligro.”
Aduana y fuerte de Portobelo.
El 13 de agosto el diputado de Colón, Miguel Salas, presentó un proyecto de ley que busca que el gobierno destine una cantidad fija de dinero para rescatar a los Fuertes de San Lorenzo y Portobelo, que, según el diario La Prensa, requerirá aproximadamente $1.5 millones al año para su mantenimiento.
Según el informe de la UNESCO, límites deben ser creados alrededor de estos sitios arqueológicos, así como zonas de amortiguamiento, un marco legal actualizado que garantice la protección de las ruinas y la eliminación de las casas que se encuentran actualmente en los fuertes y trasladar a sus habitantes a otras áreas.
Sin embargo, Nelson Jackson Palma, un legislador de Cambio Democrático, propuso otra opción que resultó ser más controversial. En el proyecto de ley que presentó el 4 de agosto, abogó por que se otorgarán concesiones a empresas privadas para que se les permita administrar todo el sitio arqueológico como una empresa.
El otorgamiento de las concesiones será la responsabilidad de la Autoridad de Turismo de Panamá y la Dirección de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura. Además de esto, el proyecto de ley permitirá la construcción de marinas y muelles para aumentar el turismo.
Los concesionarios a cambio se harán cargo del mantenimiento, conservación y restauración de los edificios y los cuales deberán ser autorizados por la Dirección de Patrimonio Histórico.
Jackson defendió su proyecto de ley, diciendo que este plan va a atraer inversión y progreso a la zona, así como salvar las ruinas coloniales de la destrucción total. La otra ventaja de este proyecto, de acuerdo con su proponente, es que se crearán instalaciones adecuadas para los turistas que visiten la zona.
Es precisamente porque este plan dejará la gestión, administración y mantenimiento de la zona arqueológica en manos de la empresa privada, que muchos defensores del “patrimonio nacional” no están muy contentos con la propuesta.
Sebastián Paniza, ex director de Patrimonio Histórico, calificó el proyecto de ley de “absurdo”, mientras que Harley Mitchell Jr., ex director del departamento legal de la Autoridad del Medio Ambiento, dijo que era “inapropiado”.
La nueva directora del Instituto Nacional de Cultura, Mariana Nuñez, está en el proceso de elegir a su equipo y crear estrategias que tienen como objetivo sacar a Panamá de la lista de negra de la UNESCO.